La transformación digital ha cambiado la manera en que las personas interactúan con los servicios financieros. Hoy esperan realizar operaciones rápidas, sencillas y seguras, desde una aplicación móvil, sucursal o terminal de autoservicio. Sin embargo, esta evolución ha ampliado la superficie de exposición a las amenazas cibernéticas, convirtiendo la protección de la infraestructura bancaria en una prioridad estratégica para las instituciones financieras.

El desafío no es menor. Según el informe “Cybersecurity: Risks and Challenges in the Financial Sector in Latin America and the Caribbean”, de LAC4, DigiAmericas y la Organización de los Estados Americanos (OEA), el sector financiero y de seguros concentra 39.47% de los incidentes de ciberseguridad reportados en LATAM, en donde Brasil, México y Argentina reúnen casi el 44% de los ataques dirigidos contra organizaciones de la región.

El documento también señala que América Latina representa casi el 12% de los ciberataques globales registrados, lo que refleja el creciente interés de los grupos criminales por una industria donde la información y las transacciones financieras tienen un alto valor.

Aunque los canales digitales siguen expandiéndose, los ATM mantienen un papel esencial en el ecosistema bancario; los usuarios dependen de ellos para retirar y depositar efectivo, pagar servicios y efectuar otras operaciones. Su presencia en diferentes ubicaciones, y su disponibilidad permanente, los convierten en un componente crítico para garantizar la continuidad del servicio, pero también son objetivo para los ciberdelincuentes.

Las amenazas evolucionan más rápido que la infraestructura

Durante años, los ataques contra estas terminales se asociaron principalmente con el robo físico de efectivo o la instalación de dispositivos para copiar la información de las tarjetas bancarias. Hoy el escenario es mucho más complejo.

Las organizaciones criminales buscan comprometer el software de los equipos mediante malware especializado, obtener accesos remotos no autorizados, modificar configuraciones críticas o explotar vulnerabilidades del sistema operativo para ejecutar fraudes sin intervenir físicamente el dispositivo. A ello se suman riesgos derivados de equipos desactualizados, configuraciones inconsistentes y la complejidad de administrar redes compuestas por cientos o miles de dispositivos distribuidos en distintas localidades.

La creciente sofisticación de estas amenazas ha llevado a que la ciberseguridad deje de ser reactiva. Detectar un incidente después de que ocurre ya no es suficiente cuando una interrupción puede afectar la disponibilidad del servicio, generar pérdidas económicas, afectar la confianza de los usuarios y derivar en incumplimientos regulatorios.

Por ello, las instituciones financieras necesitan conocer el estado de cada dispositivo en todo momento, identificar comportamientos anómalos antes de que se conviertan en incidentes y responder con rapidez para minimizar cualquier impacto operativo.